La denuncia de un abogado crispó los nervios de los miembros del sistema judicial. El profesional solicitó que se averigüe si dos peritos de caligrafía que realizan desde hace varios años estudios, tienen en realidad títulos habilitantes para ejercer dicha tarea. La Corte Suprema de Justicia ya puso en marcha una indagación de este caso.
Todo inició con un expediente de tantos. Una mujer heredó la casa de su padre y un automóvil antiguo. Los vecinos la llamaron para alertarle que desconocidos se habían apropiado de ambos bienes. Poco tiempo después, los denunciados vendieron tanto la propiedad como el vehículo.
La damnificada inició los trámites en la Justicia. El imputado presentó un boleto de compraventa firmado, en el que el titular le transfería ambas propiedades. La mujer argumentó que ese documento era “trucho” y que su padre, por su estado de salud, no estaba en condiciones de firmar ningún papel de ese tipo y que, de haberlo hecho, sería mediante engaños o por la fuerza.
El Poder Judicial dispone de la oficina de Superintendencia donde los peritos se registran. Cuando los funcionarios necesitan aclarar alguna situación, mediante un oficio enviado a esa oficina, requieren la intervención de los especialistas que aparecen en esa nómina. Bauque, al descubrir esa situación, presentó un pedido de investigación.
“Por ejemplo, esta Superintendencia debe saber que dichos supuestos peritos realizaron varias pericias caligráficas en el fuero penal, incluso se condenaron a personas por sus dictámenes caligráficos, donde la Justicia tenía como válidos sus informes sobre la falsa teoría que eran egresados universitarios, lo que no es así”, añadió.
Bauque también, en el escrito, se preguntó: “¿hay personas privadas de la libertad y condenadas en Tucumán por pericias caligráficas realizadas por esos peritos? Lo que denuncio es grave y debe ser investigado ya”.
Un vocero de la Corte confirmó la existencia de la denuncia. Fuentes judiciales agregaron que se libraron oficios a distintas entidades del país para confirmar o descartar que los sospechados estén habilitados a cumplir con esta tarea.