Los 42 acusados en el juicio por la sedición policial que derivó en los saqueos de 2013, podrán ejercer desde este lunes el derecho de dirigirse al tribunal por última vez y luego, los jueces darán a conocer la sentencia con la que, a casi 11 años, se cerrará uno de los episodios más tristes de la historia provincial.
El fallo se resolverá además si debe extenderse la investigación y si más de la mitad de los que se ubicaron en el banquillo de los acusados, pueden seguir formando parte de la fuerza.
Durante la segunda semana de diciembre de aquel año, el Gran San Miguel de Tucumán estuvo sumido en el caos que generó la huelga protagonizada por los uniformados, medida que hizo que centenares de tucumanos salieran a las calles para apropiarse con todo lo que tenían a manio, mientras otros improvisaban barricadas y se organizaban grupos armados para tratar de proteger sus propiedades.
Los fiscales Adriana Giannoni hoy ya jubilada, y Diego López Ávila encabezaron la investigación que derivó en la acusación contra 47 imputados por distintos ilícitos producidos durante esos trágicos días, nómina que se fue reduciendo dado que cuatro murieron antes de que arrancara el debate y un quinto, dejó de existir durante el proceso oral.
Los auxiliares fiscales Gerardo Arch y Rafael Heredia Carreño, dirigidos por Daniel Marranzino, al igual que la querella señalaron que no había elementos para esgrimir la acusación de privación ilegítima de la libertad y de incumplimiento a los deberes de funcionarios públicos, por lo que sólo confrontaron a los acusados con los delitos de sedición agravada por ser policías y por haber blandido sus armas de fuego.
A lka hiora de decidir a quiénes endilgaban los cargos, los representantes del Ministerio Público decidieron acusar a 19 de los imputados, mientras que la querella sostenida por Soledad Lozano y Santiago Xamena decidió solicitar que todos sean condenados.
De acuerdo con el viejo código procesal, no acusar a una persona implica para el tribunal la obligación de absolver, pero en este caso la querella sí mantuvo la imputación.
Una de las disidencias más importantes fue la posición que asumieron ante la situación del ex jefe de Policía Jorge Racedo, el único funcionario de peso que llegó al banquillo de los acusados, dado que los representantes del MPF alegaron que no había pruebas suficientes para reprocharle su accionar.
Los acusadores si coincidieron en separar a los sediciosos en dos grupos, por un lado, los cabecillas y, por el otro, los que tuvieron algún otro tipo de participación; para los auxiliares, fueron cinco los líderes de la protesta, para quienes pidieron penas de seis años, y para los representantes del Estado, diez ejercieron ese rol, y requirieron condenas de entre 10 y 15 años para todos ellos.
Los acusadores del Ministerio Público consideraron que del resto de los imputados, no menos de catorce, tuvieron algún tipo de participación, demandando para ellos penas de tres años de cumplimiento condicional, mientras que los 22 restantes no recibieron acusación alguna, en tanto que la querella solicitó condenas para todos los otros: seis años para siete acusados y para los otros veinticuatro, tres años condicionales.
Los alegatos de los defensores se desarrollaron a lo largo de dos semanas y todos coincidieron en pedir la absolución de sus representados, sosteniendo que los acusadores no llegaron a demostrar que hubo sedición y, mucho menos, que so objetivo fue generar el caos que se vivió en la provincia.
Arnaldo Ahumada, defensor de Racedo, con el respaldo de Ernesto Baaclini, que defiende a Eugenio Mamaní, sostuvo la nulidad de los alegatos de la querella, por lo que si el planteo es aceptado por los jueces Fabián Fradejas, Gustavo Romagnoli y Luis Morales Lezica tendrán que definir sólo sobre la acusación del Ministerio Público.
Los defensores Julieta Jorrat, Aurora Díaz Argañaraz y Pablo Rivera no sólo requirieron la absolución de los imputados, sino también que fueran investigados el ex gobernador José Jorge Alperovich, el ex ministro de Seguridad Jorge Gassenbauer, el ex secretario del área Paul Hofer y la ex legisladora Stella Maris Córdoba.
Para los letrados, todos ellos tuvieron responsabilidad política al no haber impedido la revuelta y, en el caso de la ex parlamentaria, se la acusa de colaborado con los huelguistas. “Acá hay gente que nunca fue investigada y otros que fueron sobreseídos que tuvieron una responsabilidad penal mucho más importante de los que actualmente están sentado aquí”, sostuvo Díaz Argañaraz.
Jorrat agregó que no hubo una sedición, sino una huelga policial. “Es cierto que hay una ley que le impide al personal policial protestar, pero ninguna norma es más importante que la Constitución y los derechos que tienen los hombres y mujeres a sindicalizarse”, comentó.
“Les pido señores jueces que tengan muy en claro este punto. Mientras los representantes del Estado pretenden dar un mensaje con una condena, ustedes no pueden dejar de avalar los derechos de las personas”, dijo en su alegato.
El formato de desarrollo de las últimas audiencias ya está fijado. Para este martes está previsto que los acusados pronuncien sus últimas palabras y si hiciera falta continuarán el miércoles y, luego de que termine ese trámite procesal, los magistrados fijarán la fecha en que darán a conocer la sentencia, poniendo fin a un debate que se prolongó por ocho meses.