El hecho ocurrió en la esquina de Amador Lucero y General Paz, donde Ale fue interceptado por tres hombres que se movilizaban en una camioneta Renault Oroch negra. Según la investigación, los atacantes efectuaron múltiples disparos con un arma automática. Tres proyectiles impactaron en la víctima y un cuarto quedó alojado en el teléfono celular que llevaba en uno de sus bolsillos.

Aunque inicialmente Ale optó por no denunciar el ataque ante la Policía, posteriormente presentó una denuncia ante la Unidad Fiscal de Decisión Temprana. En un primer momento, la agresión fue interpretada como un posible episodio relacionado con la disputa por el control de la barra brava de San Martín de Tucumán. Sin embargo, el avance de la investigación permitió incorporar nuevos elementos que apuntan a otras hipótesis.

Tras varias instancias judiciales, Ale ratificó la denuncia ante el fiscal Mariano Fernández. En esa declaración sostuvo que no podía identificar a quienes efectuaron los disparos, aunque afirmó que los agresores utilizaban la misma camioneta que, dos días más tarde, fue interceptada con un importante cargamento de droga.

El 2 de diciembre de 2024, efectivos policiales detuvieron esa Renault Oroch en el puesto de control de Cabo Vallejo, sobre la Ruta Nacional 9, en el límite entre Tucumán y Salta. El vehículo era conducido por Livio Andrés Barros, quien viajaba acompañado por su hija Alejandra Barros Figueroa. Durante la requisa fueron secuestrados 63 kilogramos de cocaína.

La investigación tomó un nuevo impulso con la aparición pública de Rocío Olea, quien aseguró haber decidido hablar después de superar el temor que, según afirmó, le generaban las amenazas recibidas por parte de familiares de su ex pareja.

En un video que posteriormente se viralizó en redes sociales, la joven señaló como presuntos autores del atentado a Jorge Anaya González, Javier “Chuky” Casanova y Valentín Villarreal.

Según su relato, el grupo habría aguardado el momento para encontrarse con Ale y atacar. Incluso sostuvo que los propios involucrados le confesaron que el homicidio no se concretó porque el arma utilizada sufrió un desperfecto mecánico. También afirmó que esa situación habría quedado registrada en una filmación realizada por los propios participantes y posteriormente difundida en redes sociales.

Olea manifestó además que permaneció en silencio durante todo este tiempo debido a las amenazas que recibía. Según declaró, era presionada para no brindar información y, además, obligada a mantener contacto con uno de los involucrados.

Fuentes judiciales confirmaron que el fiscal Mariano Fernández mantuvo una entrevista con la testigo, le ofreció garantías para que pudiera declarar sin condicionamientos e incluso puso a su disposición medidas de protección ante eventuales represalias. No obstante, el funcionario informó que ya no se encontraba al frente de la investigación y remitió toda la información aportada al fiscal Ernesto Salas López, quien actualmente conduce el expediente.

El nuevo testimonio también podría resultar relevante para otra investigación surgida tras la difusión de imágenes en redes sociales donde un joven exhibía armas de grueso calibre, entre ellas cargadores de tambor y un fusil de asalto. Según una de las hipótesis analizadas, quien aparecía en esas fotografías sería Jorge Anaya González.

La circulación de esas imágenes coincidió con el momento en que se analizaba la posibilidad de conceder el arresto domiciliario a Javier “Chuky” Casanova. Los investigadores evalúan si la publicación buscó enviar un mensaje intimidatorio dirigido a Santiago “Cara i’ Gota” Villafañe, señalado como aliado de Ale y enfrentado con Casanova. Ambos permanecen detenidos en causas distintas.

Las declaraciones de Olea también establecen una posible vinculación entre el atentado contra Ale y el enfrentamiento armado ocurrido el 21 de septiembre de 2025 en un salón de fiestas de Tafí Viejo, donde participaron Facundo Ale, Jorge Anaya González y Valentín Villarreal. Por ese episodio, los tres quedaron próximos a enfrentar un juicio oral.

La joven sostuvo que el ataque inicialmente estaba previsto para concretarse durante ese evento y afirmó que los involucrados asistieron armados con la intención de encontrarse con Ale. Según declaró, ella decidió no concurrir porque tenía conocimiento de que podía producirse un hecho violento.

El aporte de la testigo podría tener incidencia en ese proceso judicial. Sin embargo, como la investigación ya fue clausurada y su nombre no integra la nómina de testigos ofrecidos oportunamente, serán las defensas quienes deberán solicitar formalmente la incorporación de su declaración durante el juicio.

Antes de esa instancia, el expediente deberá atravesar dos definiciones judiciales. Por un lado, la audiencia de impugnación en la que los abogados Ricardo Fanlo y Monteros insistirán con el pedido de sobreseimiento de Facundo Ale, planteo que ya fue rechazado por el magistrado que ordenó elevar la causa a juicio. Por otro, resta determinar si Rocío Olea aceptará declarar formalmente durante el proceso, ya que, según trascendió, parte de su entorno familiar considera que debió mantener silencio sobre los hechos que ahora decidió revelar.

Efectivos de la Unidad de Investigaciones Criminales y Delitos Complejos, a través de la División Sustracción de Automotores, realizó dieciséis allanamientos repartidos en Córdoba y Tucumán, detuvo a cinco personas y secuestraron celulares y pruebas contra ellos que los incriminan en el robo de vehículos de alta gama.

Los delincuentes, operaban con elementos tecnológicos para inhibir los vehículos, robarlos y, en algunos casos, adulterar la documentación para sacarlos de la provincia.

Al respecto, el director de la Unidad, comisario inspector Diego Bernachi se refirió a la investigación y las medidas judiciales que se concretaron durante la madrugada de este jueves: “Nos encontramos en el barrio El Salvador, por una investigación que estamos realizando hace varios meses, comenzó en el mes de marzo de este año donde la División Sustracción de Automotores recepcionó varias denuncias de robos de vehículos de alta gama”, detalló.

Fue entonces que se dio intervención a la Fiscalía de Robos y Hurtos III a cargo de la doctora Alejandra Navarro y al personal del Equipo Científico de Investigaciones Fiscales (ECIF).

Bernachi manifestó que esta investigación reunió varios elementos de interés para la causa que fueron puestos a disposición de la Justicia: “Esto culminó en el día de la fecha con dieciséis allanamientos, catorce en la provincia de Córdoba donde secuestramos un vehículo, se detuvo a dos hombres y secuestramos pruebas. Mientras que, en Tucumán se realizaron dos allanamientos, en barrio El Salvador y otro en Villa Carmela. En este último se aprehendió a un hombre mientras que en El Salvador a una pareja; en ambos lugares también procedieron al secuestro de elementos tecnológicos y otras pruebas de interés”, contó.

El director señaló que estas personas estaban siendo investigadas por estos hechos delictivos, donde realizaban tareas de inteligencia antes de cada atraco y utilizaban inhibidores para robarlos. Operaban en Tucumán y en la provincia de Córdoba.

“De acuerdo a la investigación creemos que estas personas tienen antecedentes, estamos a la espera del informe prontuarial. Si sabemos que se dedicaban a esta clase de delitos de acuerdo al marco de esta investigación y, en algunos casos, adulteraban la documentación para sacarlos de la provincia. Creemos que los llevaban a Córdoba”, agregó Bernachi, dejando claro que la investigación aún continúa.

Alrededor de las 2, Blanca Susana Argatt llamó por teléfono a uno de sus hijos, que vive a pocos metros de su casa, ubicada en Pasaje Primera Junta al 1.000. Cuando llegó, el hombre encontró a su padre sin vida y con un disparo en la cabeza.

El hijo de la pareja se encargó de llamar a la Policía, que constató que la víctima no tenía signos vitales. 

Según las primera declaraciones recogidas por los uniformados, Argatt habría efectuado un disparo contra su esposo.

El caso se encuentra a cargo de la Unidad Fiscal de Homicidios II, conducida por Carlos Sale, quien tomó conocimiento del crimen y de inmediato se dirigió al lugar acompañado por el auxiliar de fiscal Miguel Fernández y la investigadora Sofía Sierra. Al mismo tiempo, el fiscal dispuso que se haga presente el Equipo Científico de Investigaciones Fiscales (ECIF) a los fines de recolectar evidencias.

La mujer quedó demorada en la Comisaría Segunda. Por su parte, el MPF trabajó en la escena con el objetivo de avanzar en la investigación.

Tras arduas jornadas de trabajo, personal de la Dirección General de Investigaciones Criminales y Delitos Complejos atrapó finalmente a quien sería el responsable del crimen de un joven policía.

A través de tareas de inteligencia, investigación y seguimiento, los uniformados lograron localizar al sospechoso quien permanecía prófugo desde el violento episodio ocurrido este último sábado por la madrugada en la esquina de avenida Colón y calle Fortunata García.

La víctima había sufrido una herida de bala que acabó con su vida y quedó tendida en la calle mientras el delincuente abordó la motocicleta en la que circulaba el muchacho y se dio a la fuga. Desde entonces la Policía montó un operativo a lo largo y ancho de la ciudad capitalina a fines de dar con el responsable. El acusado, apodado “Cucu”, fue aprehendido y actualmente ya se encuentra a disposición de la Justicia.

El episodio ocurrió cerca de las 18 del lunes en una vivienda del tercer piso de un inmueble de ocho niveles. La hipótesis inicial apunta a una fuga de gas, aunque los investigadores todavía no determinaron cómo se originó ni descartaron otras posibilidades.

El ocupante del departamento, identificado como Jonathan Stisman, de 43 años y médico de profesión, sufrió quemaduras en más del 80% del cuerpo. Fue trasladado al hospital Centro de Salud, donde permanece internado en estado grave.

El Sistema de Emergencias 107 asistió al menos a ocho personas. Entre los afectados se encontraban el encargado del edificio, cuya identidad no fue informada, y dos niños que presentaron los cuadros más delicados por inhalación de humo.

La detonación provocó importantes destrozos en el departamento donde comenzó el siniestro y alcanzó a otras viviendas. El jefe de los Bomberos de la Policía, Mario Herrera, señaló que la onda expansiva llegó a derribar una pared de la unidad lindera.

Un testigo, empleado de un comercio de la cuadra, contó que se encontraba trabajando cuando escuchó un fuerte estallido. Segundos después observó cómo los residentes abandonaban el edificio sin saber qué había ocurrido.

“Los habitantes comenzaron a salir corriendo. Estaban desesperados porque no sabían lo que había pasado”, relató.

Bomberos desplegó un operativo para controlar las llamas, mientras que personal de las empresas proveedoras de gas y electricidad interrumpió ambos servicios por razones de seguridad.

Especialistas de Defensa Civil y de la Dirección de Catastro inspeccionaron posteriormente el inmueble para establecer si la explosión afectó su estructura. Hasta el cierre de la información, las autoridades no habían permitido que los vecinos regresaran a sus departamentos.

La investigación intenta determinar si la pérdida de gas fue accidental o intencional. Una de las líneas bajo análisis procura establecer si el propio Stisman pudo haberla provocado, aunque hasta el momento no se informó la existencia de una conclusión pericial que respalde esa hipótesis.

Algunos residentes manifestaron que el médico atravesaba problemas de salud mental y mencionaron supuestos antecedentes de intentos de suicidio. Esas versiones corresponden a testimonios vecinales y no habían sido confirmadas oficialmente.

Una habitante del edificio identificada como Lucía señaló que entre los vecinos circulaban comentarios sobre un posible tratamiento de salud mental. Un allegado a uno de los residentes, describió a Stisman como una persona reservada que mantenía escaso contacto con quienes vivían en el lugar.

Del hombre también trascendió que sería oriundo de Mar del Plata. Un decreto oficial indica que en 2020 fue declarado cesante de un hospital de esa ciudad por abandono de cargo. Meses después, autoridades municipales habrían tomado una decisión similar.

Publicaciones realizadas en Facebook mostrarían, además, que durante las últimas semanas ofrecía sus muebles a la venta. Por ahora, ninguno de esos datos fue vinculado formalmente por los investigadores con el origen de la explosión.

El ocasional testigo consideró que el episodio podría haber provocado consecuencias todavía más graves por la magnitud del estallido y la cantidad de residentes que se encontraban en el edificio.

El operativo se desarrolló en plena hora pico y alteró la circulación en la zona. Un vecino de la primera cuadra de San Martín, describió la situación como “una tarde de locos” y expresó su preocupación por las familias evacuadas, que aún desconocían cuándo podrían regresar a sus hogares.

La definición sobre la habitabilidad del inmueble dependerá de los resultados de las inspecciones técnicas. En paralelo, las pericias deberán precisar dónde se produjo la fuga, cómo se inició el fuego y si existió una intervención deliberada.

El lamentable episodio ocurrió minutos antes de las 20.30 en la localidad bonaerense de Loma Hermosa, precisamente en la calle Mariquita Sánchez de Thompson entre Ezeiza y Río Bermejo. El hecho quedó registrado en una cámara de seguridad instalada en la cuadra.

En las imágenes se observa el momento en el que la víctima, identificada como Cristian Alberto Jerez, cabo de la Superintendencia de Comunicaciones de la Policía Federal, es sorprendido por dos ladrones que circulaban en una moto y se pusieron a la par de él para obligarlo a entregar la suya.

Antes de bajar, el que iba como acompañante disparó al aire para amedrentarlo. Jerez bajó de la moto y caminó hacia atrás, el delincuente lo siguió para obligarlo a entregar su mochila. Él no opuso resistencia y se la dio.

Sin embargo, cuando amagó a sacar su arma reglamentaria, el delincuente le disparó dos veces.

El agente resultó gravemente herido y murió en el lugar. Los delincuentes escaparon de la escena, uno en la moto en la que llegaron y el otro en la de la víctima.

El hecho provocó gran conmoción en la zona. El caso está siendo investigado por la justicia. Las imágenes de la cámara de seguridad serán claves para dar con los responsables del brutal ataque.

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El episodio comenzó el domingo, alrededor de las 9, cuando una vecina del paraje El Potrero, ubicado sobre el límite entre ambas provincias, llamó desesperadamente a la Policía de Salta para pedir ayuda. Según relató, dos mujeres llegaron hasta su domicilio en estado de shock mientras una intensa balacera alcanzaba el vehículo en el que se desplazaban sobre la Ruta Nacional 34.

Cuando el primer efectivo salteño arribó al lugar encontró una escena propia de una persecución armada. Una Renault Duster de color marrón presentaba al menos siete impactos de bala, uno de sus neumáticos estaba destruido y los vidrios habían estallado. En el interior de la vivienda permanecían resguardadas Ivana Georgina Portal, médica clínica que cumplía funciones en Gendarmería Nacional con asiento en Tartagal, y Delia Yolanda Tame, una reconocida esteticista de esa ciudad.

Las mujeres manifestaron que todo había comenzado luego de detenerse en una estación de servicio YPF de Rosario de la Frontera, desde donde, aseguraron, fueron perseguidas por dos camionetas, una blanca sin patente y otra azul. Según su versión, los ocupantes de esos vehículos efectuaban disparos con el propósito de obligarlas a detener la marcha.

Mientras los uniformados intentaban reconstruir lo sucedido apareció en el lugar un hombre al que el personal policial identificó como José Alfredo “Yuya” Troichuque. Al advertir la presencia de los efectivos, el sospechoso aceleró la camioneta blanca en la que circulaba y escapó hacia el sur.

La situación se tornó aún más confusa minutos después con la llegada de otra camioneta ocupada por hombres que se identificaron como policías de Tucumán. Los efectivos afirmaron que realizaban tareas de patrullaje, pese a encontrarse en territorio salteño, aproximadamente a 20 kilómetros de la jurisdicción donde legalmente podían intervenir.

Ante las inconsistencias detectadas, los policías salteños dieron intervención a la Justicia Federal al sospechar que el vehículo podía estar siendo utilizado para transportar estupefacientes. Con autorización de la auxiliar fiscal Carolina Salas, los peritos inspeccionaron la Renault Duster y descubrieron un doble fondo oculto bajo el piso del vehículo. Allí encontraron 64 ladrillos de cocaína con un peso total de 66 kilos.

Tras el hallazgo, Portal y Tame fueron detenidas, aunque la investigación recién comenzaba.

Horas más tarde, José Alfredo Troichuque fue arrestado cuando intentaba ingresar a Tucumán por el paso de El Tala, otro de los corredores habitualmente utilizados por organizaciones narcocriminales para el transporte de drogas. En esa oportunidad viajaba junto a su pareja, Adriana Angélica Ita, a bordo de un automóvil distinto de la camioneta observada inicialmente.

En contraste, los policías tucumanos abandonaron rápidamente el lugar sin brindar explicaciones sobre su presencia en el procedimiento.

Ese episodio se convirtió en uno de los aspectos más sensibles de la investigación. Durante una audiencia realizada este lunes, el fiscal federal Ricardo Toranzos confirmó que los efectivos tucumanos se encontraban en una jurisdicción ajena sin autorización alguna.

El representante del Ministerio Público precisó que los agentes se movilizaban en una camioneta particular de color blanco conducida por un uniformado, acompañado por otros tres efectivos. También señaló que llamó poderosamente la atención que, una vez descubierto el cargamento de cocaína, se retiraran sin dejar constancias ni informar oficialmente cuál había sido la actividad que desarrollaban.

A partir de esas irregularidades, la Justicia profundizó la pesquisa sobre los policías. Las averiguaciones permitieron establecer que los superiores de los efectivos desconocían completamente que estuvieran realizando un patrullaje y que tampoco habían autorizado ninguna investigación en territorio salteño.

Los investigadores realizaron entonces un procedimiento en el destacamento policial de 7 de Abril, donde prestaban servicios los implicados. Allí secuestraron la camioneta blanca que habrían utilizado para trasladarse, el libro de guardia donde se registran los movimientos del personal, además de teléfonos celulares y las armas reglamentarias asignadas a los efectivos.

El fiscal Toranzos confirmó que son siete los policías bajo investigación: cuatro que participaron directamente del procedimiento y otros tres que se encontraban asignados al destacamento. Asimismo, explicó que todas las armas serán sometidas a pericias balísticas para determinar si tuvieron alguna participación en el hecho. También advirtió que el acta de actuaciones fue confeccionada con fecha posterior y que no incluía ninguna referencia a lo ocurrido en El Potrero.

Aunque la investigación se encuentra en una etapa inicial, el fiscal expuso la principal hipótesis del caso. Según esa línea investigativa, las dos mujeres habrían sido atacadas por un grupo presuntamente encabezado por Troichuque con el objetivo de apoderarse del cargamento de cocaína. Los investigadores sospechan que la información sobre el transporte de la droga habría sido suministrada por quien la entregó o por alguna persona cercana a las transportistas.

Respecto de la participación de los policías tucumanos, la Justicia trabaja sobre dos posibilidades. La primera plantea que podrían haber sido contratados por Troichuque para intervenir en el intento de robo del cargamento. La segunda hipótesis sostiene que habrían mantenido un acuerdo previo con los responsables de la droga para facilitar el traslado sin controles y que acudieron en auxilio de las mujeres al enterarse del ataque.

Lo que, por el momento, los investigadores consideran prácticamente descartado es que los efectivos estuvieran realizando un patrullaje rutinario en una jurisdicción que no les correspondía. “Estuvieron ahí porque alguien los llamó. Cuando se analicen los celulares se sabrá”, señaló una fuente judicial vinculada a la investigación.

Mientras avanza la causa federal, el jefe de la Policía de Tucumán, Joaquín Girvau, dispuso la separación preventiva de los siete efectivos involucrados, los puso a disposición de la Justicia Federal de Salta e inició un sumario administrativo interno para determinar las responsabilidades que pudieran corresponder. Su situación procesal y administrativa dependerá ahora del avance de la investigación judicial.

El operativo fue concretado por personal del Equipo Científico de Investigaciones Fiscales (ECIF) del Ministerio Público Fiscal de Tucumán, en coordinación con Gendarmería Nacional y fuerzas de seguridad de la provincia de Buenos Aires.
La captura puso fin a una búsqueda que se extendió durante más de un año de trabajo investigativo intensivo y que permitió localizar a uno de los fugitivos más buscados de Tucumán, sobre quien pesaban órdenes de detención vigentes desde 2022.

Fuentes judiciales informaron que durante el procedimiento se secuestraron documentos de identidad apócrifos, armas de fuego y plantas de marihuana que se encontraban entre las pertenencias del acusado.

La investigación estuvo a cargo del Departamento de Investigaciones Criminales del ECIF, cuyos investigadores desarrollaron un complejo trabajo de inteligencia criminal, análisis de datos, seguimiento de pistas y verificación de información obtenida tanto dentro del país como en el exterior.

Los pesquisas debieron además enfrentar múltiples maniobras destinadas a dificultar la localización del sospechoso. Según se indicó, personas vinculadas a su entorno habrían impulsado versiones falsas para orientar la búsqueda hacia distintas provincias argentinas e incluso hacia otros países.

La relevancia del caso llevó al Poder Ejecutivo de Tucumán a ofrecer recientemente una recompensa de 30 millones de pesos para quienes aportaran información útil que permitiera establecer el paradero del prófugo. Sin embargo, las autoridades destacaron que la detención fue resultado del trabajo coordinado entre el ECIF y Gendarmería Nacional, que logró reconstruir el circuito de ocultamiento utilizado por Puenzo y orientar la pesquisa hacia la Costa Atlántica bonaerense.

La investigación finalmente condujo a Mar del Tuyú, donde efectivos de la Subdelegación Departamental de Investigaciones (Sub-DDI) de la Costa colaboraron en el operativo judicial que permitió concretar el arresto.

Tras su captura, Puenzo fue alojado en una dependencia de máxima seguridad bajo estrictas medidas de vigilancia y control. Permanecerá allí hasta que se completen los trámites judiciales y administrativos necesarios para su traslado a Tucumán, donde deberá responder ante la Justicia por los hechos que se le atribuyen.

El acusado está señalado como autor del asesinato de la joven trans Alejandra Estefanía Benites y de la tentativa de homicidio de Diego Ramón Mercado, ocurridos durante la madrugada del 5 de noviembre de 2020 en Ayacucho al 900, en la capital tucumana.

Alejandra Estefanía BenitesDe acuerdo con la reconstrucción elaborada por la Fiscalía, Benites y Mercado se encontraban juntos cuando Puenzo arribó al lugar a bordo de una motocicleta. Según la acusación, mantuvo una conversación con la joven trans que derivó en una discusión. En ese contexto, habría extraído una pistola calibre 9 milímetros y efectuado múltiples disparos.

Las pericias incorporadas a la causa determinaron que seis proyectiles impactaron sobre Benites y otros cuatro alcanzaron a Mercado. Tras el ataque, el agresor escapó de la escena y permaneció prófugo durante años.

Con la detención de Puenzo, la Justicia tucumana avanza hacia una nueva instancia judicial en una causa que generó una fuerte repercusión pública y que había quedado paralizada luego de que el acusado abandonara la provincia cuando estaba previsto el inicio de un nuevo juicio en su contra por el crimen de Alejandra Benites.

Una camioneta realizó una maniobra sospechosa al intentar evadir un puesto de control de la Policía y de Gendarmería Nacional. El vehículo no se detuvo ante las señales de los efectivos y continuó su marcha a gran velocidad, lo que inició un seguimiento por parte del personal de Gendarmería que se extendió hasta la zona céntrica de la localidad tucumana.

En un intento por eludir a las autoridades, los ocupantes de la Ranger ingresaron a un predio de una antigua estación de servicio, pero al notar la presencia de los uniformados, realizaron una maniobra brusca de giro en “U” para retomar la Ruta Nacional 40. En ese momento, impactaron violentamente contra una camioneta Chevrolet S10 que circulaba en sentido norte-sur desde Cafayate hacia Santa María. En este segundo vehículo viajaban cinco hombres que se dirigían a disputar un encuentro de fútbol; producto del choque y posterior vuelco, fallecieron en el acto Chauqui Vidal y Jesús Horacio Cancino, mientras que Anacleto Suárez sufrió lesiones de gravedad y fue trasladado al hospital de Cafayate.

Tras el accidente, la Unidad Fiscal de Delitos contra la Propiedad y la Integridad Física del Centro Judicial Monteros, dirigida por Gerardo Salas, ordenó la preservación de la escena y las pericias correspondientes. Al inspeccionar la Ford Ranger, los investigadores hallaron 24 bultos que contenían un total de 457 kilogramos de hojas de coca y una máquina contadora de dinero, material que quedó a disposición del Juzgado Federal N° 1. Los ocupantes de la camioneta que huía fueron trasladados bajo custodia policial al hospital de Tafí del Valle y, una vez dados de alta, se dispuso su aprehensión. El Equipo Científico de Investigaciones Fiscales (ECIF) trabajó durante más de 12 horas en el lugar, recolectando evidencias que incluyen el análisis de una cámara de seguridad ubicada a pocos metros del siniestro para esclarecer los detalles finales de la tragedia.

En la tarde noche de este domingo el comisario mayor Rufino Medina, subdirector de la Dirección General de Drogas Peligrosas brindó detalles del procedimiento que permitió en desarticular siete bocas de expendio de sustancias prohibidas, dos de ellos tenían a mujeres reincidentes en este delito.

“En horas de la tarde la Dirección Drogas Peligrosas Concepción Sur llevó a cabo 7 medidas allanamiento simultáneas en siete domicilios que estaban siendo investigados por venta de sustancias estupefacientes. Luego de contar con el oficio investigativo proveniente de la Unidad Fiscal de Narcomenudeo (UFINAR) Concepción a cargo de Carlos Sale se dieron las directivas para que personal de la Dirección de Drogas Peligrosas (DIDROP) Concepción Sur realice las tareas de campo a efectos de constatar si efectivamente allí se estaban comercializando sustancias prohibidas”, detalló el subdirector.

Respecto de las detenciones y secuestros, el comisario mayor Medina agregó, “con todo el material reunido, la Unidad Fiscal, dictó las medidas de allanamiento, para estos inmuebles; donde tras irrumpir se encontró gran cantidad de sustancias estupefacientes, bochitas, bolsitas con cocaína y material de corte, y marihuana”.

“Además se procedió a la aprehensión de las seis personas; las principales investigadas, cuatro mujeres, dos hombres, y estamos esperando directivas de otra mujer que tenemos demoradas. Cabe resaltar que de estas personas que se encuentren aprehendidas; dos son mujeres reincidentes e incluso, una de ellas se encuentra con pulsera electrónica”, señaló Medina quien destacó la importancia de las denuncias anónimas.

“Los vecinos se están animando y están denunciando a las personas que venden este veneno, lo cual da pie para que nosotros podamos trabajar al respecto”, expresó.

En tanto, el comisario Miguel Castillo, jefe de la DIDROP Concepción-Sur se refirió a la causa y su origen, “la causa inició a raíz de la denuncia anónima que hicieron los vecinos, por tal motivo se comisionó un equipo de calle a cargo del oficial Arias, llevó las pruebas suficientes a la fiscalía de Narcomenudeo del Centro Judicial Concepción, solicitando medidas de allanamiento realizadas en la fecha con ayuda del Cuerpo Especial de Rescate y Operaciones, Motorizada de Concepción e Infantería Sur y que fueron ejecutadas en forma simultánea, produciendo el secuestro de una gran cantidad de estupefacientes que ya estaban listos y fraccionados para la comercialización, dinero en efectivo producto de la venta; y varios celulares que van a ser analizados a posterior”, precisó Castillo.